Grok, Signal y vigilancia: la nueva cara del control en los departamentos federales de EE. UU.

Según una investigación de Reuters, la administración Trump está utilizando supuestamente la inteligencia artificial desarrollada por Elon Musk, específicamente el chatbot Grok, de una manera controvertida dentro de las agencias federales.

Hacerlo aún más preocupante sería el papel central del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), creado con la intención declarada de optimizar la eficiencia administrativa, pero acusado de intervenir de manera opaca y coercitiva. Dos empleados anónimos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) informaron sobre una creciente presión interna, alimentada por una búsqueda sistemática, realizada a través de software de mensajería y herramientas colaborativas, de contenido “anti-Trump” o “anti-Musk”.

La herramienta clave de esta operación sería Grok, la inteligencia artificial creada por el magnate de SpaceX y xAI, que permitiría una vigilancia integral de las comunicaciones internas de las agencias.

Un algoritmo al servicio de la lealtad: la implicación de la IA en la gestión pública de Trump

Aunque la vigilancia nunca ha sido confirmada oficialmente, fuentes internas de la EPA han informado que la dirección ha advertido a los trabajadores que "tengan cuidado con lo que dicen, escriben y hacen". Se informa que herramientas como Microsoft Teams y otras aplicaciones de comunicación interna están bajo escrutinio.

El resultado: un clima de autocensura entre los funcionarios públicos, preocupados por posibles represalias disciplinarias relacionadas con sus opiniones personales o alineamiento con la agenda presidencial. La EPA parece estar entre las agencias más afectadas, con incluso 600 empleados suspendidos a partir de enero.

La administración Trump también ha expresado la intención de recortar hasta el 65% del presupuesto de la agencia, una acción que podría tener consecuencias dramáticas en términos de operaciones y personal.

A la caza de los "no alineados": el lado oscuro de la IA

Las acusaciones que resuenan desde varios sectores, tanto entre demócratas como republicanos, sugieren que la estrategia de reducción orgánica es una purga ideológica, disfrazada de racionalización administrativa. Según estas voces, el propósito no declarado de DOGE sería expulsar a empleados gubernamentales neutrales o críticos, para reemplazarlos con leales dispuestos a ignorar cualquier irregularidad. Sin embargo, un portavoz de la EPA negó categóricamente las acusaciones, etiquetando el informe como “completamente falso” y aclarando que la agencia “no monitorea ni registra llamadas telefónicas, reuniones o entradas de calendario.”

DOGE y el área gris de la legalidad

El velo de discreción que rodea las actividades de DOGE ha llevado a fuertes críticas, especialmente por su estatus dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente, lo que lo haría exento de las leyes normales de registro y preservación de documentos federales. Según Reuters, esta ambigüedad regulatoria se utiliza para eludir las regulaciones de seguridad de datos y para cometer supuestas violaciones éticas.

Como empleado gubernamental especial, Musk está obligado a no explotar su posición para beneficio personal o para sus empresas. Sin embargo, la integración de su chatbot de IA en los sistemas gubernamentales plantea serias dudas: este acceso favorecería la recolección de datos sensibles, potencialmente útiles para fines empresariales.

No es la primera vez que circulan rumores sobre un posible uso de inteligencia artificial para reemplazar a los empleados públicos. Incluso antes de la reelección de Trump, un informante reportó que Musk había sugerido usar Grok para automatizar el trabajo gubernamental, gracias a la gran cantidad de datos del estado disponibles para el entrenamiento de IA.

Signal, Google Docs y la frágil frontera de la transparencia

Otro punto de fuerte controversia concierne al uso de la aplicación Signal, famosa por su mecanismo de autodestrucción de mensajes. Según un caso legal, usar tales aplicaciones para comunicaciones oficiales obstaculizaría las leyes de libertad de información, creando barreras para acceder a datos públicos.

DOGE también habría recurrido a métodos poco ortodoxos para evitar cualquier forma de supervisión documental. Fuentes gubernamentales informan que se utiliza Google Docs para la redacción simultánea y compartida de documentos oficiales, con el fin de evitar la trazabilidad de múltiples borradores enviados por correo electrónico — una forma rápida y eficiente de operar, pero fuera de los protocolos de preservación de documentos.

¿Privacidad violada? El caso de la recolección de datos por parte del Departamento de Educación

Otra queja preocupante proviene de un procedimiento federal, según el cual la administración de EE. UU. supuestamente abusó de los datos del Departamento de Educación. Los demandantes afirman que DOGE ha adquirido información personal de decenas de millones de estadounidenses sin su consentimiento. Los datos recopilados incluirían ingresos, números de seguro social, fechas de nacimiento, direcciones residenciales, estado civil y ciudadanía, utilizados, según las alegaciones, "con el propósito de destruir" el Departamento.

En marzo, un juez federal ordenó a DOGE entregar los documentos solicitados por la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, que había iniciado una acción legal precisamente para obtener mayor transparencia a través de la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha proporcionado ningún documento.

Inteligencia artificial: ¿arma de eficiencia o herramienta de control?

Un último punto de reflexión concierne al uso real de la inteligencia artificial dentro de la EPA. Si bien la agencia niega categóricamente el uso de IA como criterio para decisiones de personal, admite que está examinando el uso de estas tecnologías para "optimizar funciones administrativas."

La distinción es sutil pero crucial: por un lado, está la eficiencia prometida por la innovación digital, por el otro, el riesgo de un control centralizado y no transparente de las instituciones públicas. En una era donde la inteligencia artificial promete revolucionar cada aspecto de la sociedad, desde el transporte hasta la atención médica, su impacto en la democracia sigue siendo un área sombría aún poco explorada.

El caso de DOGE, en medio de acusaciones, negaciones y solicitudes de claridad, se convierte así en el campo de pruebas para un futuro en el que la frontera entre la innovación y la ética puede volverse peligrosamente delgada.

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