Cuando la financiación federal fluye sin una supervisión adecuada, la responsabilidad se pierde y es entonces cuando los estafadores ven su oportunidad. El caso de Minnesota es un ejemplo claro. Los tribunales deben examinar detenidamente cómo han debilitado la cláusula de bienestar general. Sin controles más estrictos sobre a dónde va realmente el dinero público, básicamente estamos desplegando una alfombra roja para el abuso financiero. Ya no se trata solo de la eficiencia del gobierno; se trata de proteger el sistema en sí mismo de convertirse en un patio de recreo para actores malintencionados.