En procedimientos legales que involucran a múltiples entidades mediáticas de alto perfil, la redacción excesiva de la información del usuario—como la ubicación geográfica—crea complicaciones para una revisión adecuada del caso. La posición aquí es clara: los requisitos de redacción demasiado amplios van más allá de la necesidad. Una orden de protección debería ser suficiente para salvaguardar datos sensibles como los números de Seguridad Social sin oscurecer detalles adicionales de identificación que sean relevantes para el descubrimiento del caso. Limitar las divulgaciones a identificadores personales verdaderamente sensibles equilibraría las preocupaciones de privacidad con la equidad procesal.