Una decisión judicial significativa ha aclarado los límites entre las organizaciones de mantenimiento de compradores y las iniciativas de activos del mundo real (RWA) al tratar con insolvencias de desarrolladores. La Corte Suprema determinó que ni las sociedades de compradores ni las estructuras RWA pueden intervenir unilateralmente en los procedimientos formales de insolvencia de las empresas desarrolladoras. Esta decisión establece un precedente legal importante sobre cómo las entidades descentralizadas o comunitarias interactúan con los marcos tradicionales de bancarrota. La sentencia subraya que los procesos de insolvencia deben seguir los canales legales establecidos en lugar de estar sujetos a intervenciones externas por parte de asociaciones relacionadas con propiedades o representantes de activos tokenizados. Para el ecosistema RWA en general—donde los bienes raíces y activos físicos se representan cada vez más en blockchain—la sentencia sugiere líneas de demarcación claras: mientras que las RWAs pueden representar participaciones de propiedad, no pueden eludir los procedimientos legales formales cuando los desarrolladores enfrentan dificultades financieras. Esto tiene implicaciones para la forma en que los proyectos RWA estructuran su gobernanza y participación en situaciones de crisis que afectan la garantía del mundo real subyacente.