Colombia está intensificando la aplicación de la normativa en transacciones con activos digitales, con la autoridad fiscal del país DIAN introduciendo requisitos de reporte obligatorio que remodelarán la forma en que operan las plataformas de criptomonedas en la región. Este cambio refleja un impulso global para incorporar el comercio de tokens y las tenencias de criptomonedas en marcos fiscales formales, una tendencia que está transformando la industria a medida que los gobiernos de todo el mundo coordinan sus estrategias de supervisión.
El Cambio en la Política: Qué Está Cambiando
A finales de diciembre, la DIAN de Colombia adoptó la Resolución 000240, estableciendo una arquitectura de reporte integral para los proveedores de servicios de criptomonedas. En lugar de depender de que los usuarios informen por sí mismos sus tenencias, las plataformas —incluidas las exchanges extranjeras que atienden a contribuyentes colombianos— ahora deben recopilar y presentar datos detallados de las transacciones directamente a las autoridades. Esto representa un cambio fundamental en la forma en que se monitorean los activos digitales.
A partir de las declaraciones de impuestos de 2026, todas las exchanges, proveedores de custodia y otras plataformas que faciliten transacciones con tokens deben mantener registros completos de identificación de usuarios y documentación de transacciones. El primer lote de informes que cubre todo el año calendario 2026 debe entregarse antes del 31 de mayo de 2027. El mensaje es claro: la actividad con criptomonedas ya no está en una zona gris.
Por qué Esto Importa: La Conexión con CARF
El marco de Colombia no existe de forma aislada. Las nuevas reglas están alineadas con el Marco de Reporte de Activos Cripto (CARF) de la OCDE, un sistema estandarizado diseñado para permitir que los países intercambien automáticamente información sobre transacciones transfronterizas con criptomonedas. Piénsese en ello como una extensión de las mismas reglas de transparencia que se aplican a la banca tradicional en el espacio de los activos digitales.
Al adoptar estándares alineados con CARF, Colombia se posiciona dentro de una red creciente de jurisdicciones comprometidas con la aplicación coordinada de impuestos. A medida que más países implementen marcos similares, los usuarios y plataformas de criptomonedas que operan a través de fronteras enfrentarán obligaciones de reporte cada vez más uniformes. Se están acabando los días de navegar por paisajes regulatorios fragmentados.
Impacto Práctico: Qué Deben Hacer las Plataformas
Para las plataformas de criptomonedas y servicios de custodia, la resolución implica que ya son necesarias actualizaciones en la infraestructura. La recopilación de datos granulares de usuarios, el seguimiento de cada transacción y la preparación de informes estructurados requieren rediseños de sistemas que generalmente toman meses. Las plataformas extranjeras que ofrecen servicios a usuarios colombianos no pueden alegar exención: el alcance de DIAN se extiende más allá de las fronteras.
El objetivo de las autoridades es claro: cotejar la actividad reportada con las declaraciones de impuestos individuales, detectar discrepancias y cerrar brechas en la aplicación. Para los usuarios, el resultado es evidente: las tenencias y transacciones relacionadas con tokens y activos digitales ahora forman parte formal del sistema fiscal.
El Panorama General
El movimiento de Colombia señala que tratar las criptomonedas como algo fuera del cumplimiento fiscal tradicional ya no es viable. A medida que la adopción de CARF se expande globalmente, regímenes de reporte similares se convertirán en la norma. Las plataformas que se adapten temprano estarán mejor posicionadas para servir a usuarios en múltiples jurisdicciones. Aquellas que resistan enfrentan el riesgo de perder acceso al mercado.
La transición ya está en marcha, y 2026 marca la fecha límite operativa. Para el ecosistema de criptomonedas en Colombia y más allá, la integración formal en las estructuras de supervisión gubernamental ya no es una posibilidad futura: ya está aquí.
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Las plataformas de criptomonedas enfrentan una nueva ola de cumplimiento: la DIAN de Colombia refuerza los informes de tokens y activos
Colombia está intensificando la aplicación de la normativa en transacciones con activos digitales, con la autoridad fiscal del país DIAN introduciendo requisitos de reporte obligatorio que remodelarán la forma en que operan las plataformas de criptomonedas en la región. Este cambio refleja un impulso global para incorporar el comercio de tokens y las tenencias de criptomonedas en marcos fiscales formales, una tendencia que está transformando la industria a medida que los gobiernos de todo el mundo coordinan sus estrategias de supervisión.
El Cambio en la Política: Qué Está Cambiando
A finales de diciembre, la DIAN de Colombia adoptó la Resolución 000240, estableciendo una arquitectura de reporte integral para los proveedores de servicios de criptomonedas. En lugar de depender de que los usuarios informen por sí mismos sus tenencias, las plataformas —incluidas las exchanges extranjeras que atienden a contribuyentes colombianos— ahora deben recopilar y presentar datos detallados de las transacciones directamente a las autoridades. Esto representa un cambio fundamental en la forma en que se monitorean los activos digitales.
A partir de las declaraciones de impuestos de 2026, todas las exchanges, proveedores de custodia y otras plataformas que faciliten transacciones con tokens deben mantener registros completos de identificación de usuarios y documentación de transacciones. El primer lote de informes que cubre todo el año calendario 2026 debe entregarse antes del 31 de mayo de 2027. El mensaje es claro: la actividad con criptomonedas ya no está en una zona gris.
Por qué Esto Importa: La Conexión con CARF
El marco de Colombia no existe de forma aislada. Las nuevas reglas están alineadas con el Marco de Reporte de Activos Cripto (CARF) de la OCDE, un sistema estandarizado diseñado para permitir que los países intercambien automáticamente información sobre transacciones transfronterizas con criptomonedas. Piénsese en ello como una extensión de las mismas reglas de transparencia que se aplican a la banca tradicional en el espacio de los activos digitales.
Al adoptar estándares alineados con CARF, Colombia se posiciona dentro de una red creciente de jurisdicciones comprometidas con la aplicación coordinada de impuestos. A medida que más países implementen marcos similares, los usuarios y plataformas de criptomonedas que operan a través de fronteras enfrentarán obligaciones de reporte cada vez más uniformes. Se están acabando los días de navegar por paisajes regulatorios fragmentados.
Impacto Práctico: Qué Deben Hacer las Plataformas
Para las plataformas de criptomonedas y servicios de custodia, la resolución implica que ya son necesarias actualizaciones en la infraestructura. La recopilación de datos granulares de usuarios, el seguimiento de cada transacción y la preparación de informes estructurados requieren rediseños de sistemas que generalmente toman meses. Las plataformas extranjeras que ofrecen servicios a usuarios colombianos no pueden alegar exención: el alcance de DIAN se extiende más allá de las fronteras.
El objetivo de las autoridades es claro: cotejar la actividad reportada con las declaraciones de impuestos individuales, detectar discrepancias y cerrar brechas en la aplicación. Para los usuarios, el resultado es evidente: las tenencias y transacciones relacionadas con tokens y activos digitales ahora forman parte formal del sistema fiscal.
El Panorama General
El movimiento de Colombia señala que tratar las criptomonedas como algo fuera del cumplimiento fiscal tradicional ya no es viable. A medida que la adopción de CARF se expande globalmente, regímenes de reporte similares se convertirán en la norma. Las plataformas que se adapten temprano estarán mejor posicionadas para servir a usuarios en múltiples jurisdicciones. Aquellas que resistan enfrentan el riesgo de perder acceso al mercado.
La transición ya está en marcha, y 2026 marca la fecha límite operativa. Para el ecosistema de criptomonedas en Colombia y más allá, la integración formal en las estructuras de supervisión gubernamental ya no es una posibilidad futura: ya está aquí.