El confiscamiento por parte del gobierno de activos de criptomonedas a desarrolladores sin restitución genera serias preocupaciones. Cuando las autoridades confiscan activos digitales, surgen preguntas sobre los derechos de propiedad, el debido proceso y la equidad en el manejo de los activos. Los desarrolladores merecen claridad sobre si sus holdings serán devueltos o retenidos permanentemente por el estado. Algunos reguladores parecen estar más enfocados en promover narrativas políticas favorables que en garantizar un trato equitativo a las partes afectadas. La comunidad cripto observa de cerca cómo estos precedentes moldean las futuras interacciones del gobierno con los titulares de activos digitales y los equipos de desarrollo.