Muchas personas tienen una comprensión sesgada de la descentralización. Piensan que descentralización significa «quien sea puede ver, quien sea puede actuar», pero la esencia de las finanzas nunca ha sido así. Lo verdaderamente importante no es cuán alta es la participación, sino si la división de permisos es clara — quién puede hacer qué, y esto debe explicarse a fondo.

Imagina un escenario real: ¿se requiere la firma de dos personas para una transferencia financiera? ¿El departamento de control de riesgos puede solo revisar los indicadores de datos sin ver los objetos específicos de las transacciones? ¿Los permisos de auditoría solo pueden descifrar y revisar bajo condiciones específicas? Estas no son procesos burocráticos complicados, sino operaciones básicas para reducir al mínimo el coeficiente de riesgo.

Las cadenas públicas tradicionales a menudo enfrentan un dilema — para ser transparentes, publican todos los datos de una vez, resultando en que el sistema de permisos se degrade a una dicotomía de «quien tenga la clave privada sabe todo, quien no, no sabe nada». Las instituciones ven esta lógica y simplemente se encogen de hombros: ¿cómo puedo integrar estos procesos operativos? ¿Cómo proteger la privacidad de los datos?

Esto es exactamente hacia donde apuntan algunas nuevas blockchains en su exploración. Estas las consideran la privacidad como un límite predeterminado, al mismo tiempo que reservan canales necesarios para auditorías y verificaciones. La división de permisos se convierte en reglas implementables, en lugar de depender de relaciones personales y promesas orales.

¿Y qué significa esto para las instituciones? Significa que las finanzas en la cadena finalmente podrán operar como en las finanzas tradicionales: el poder puede distribuirse, las operaciones dejan rastro, las cuentas pueden ser justificadas, pero sin tener que mostrar todas las cartas a extraños. Esa es la verdadera entrada para que las aplicaciones a nivel institucional ganen en blockchain.