Los gobiernos estatales de EE. UU. aceleran el despliegue de infraestructura cripto, mientras que a nivel federal en Washington el avance es lento

Escrito por: Forbes

Compilado por: AididiaoJP, Foresight News

Desde que las criptomonedas se convirtieron en un tema de política, los debates relacionados se han centrado durante mucho tiempo en Washington D.C.; esto es totalmente razonable si se considera que la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas), el Departamento del Tesoro y el Congreso han decidido, en conjunto, el futuro de los activos digitales. Sin embargo, al entrar en 2026, algunos de los avances de políticas más influyentes están surgiendo desde las capitales de los estados.

Nuevo Hampshire es el ejemplo más reciente. La gobernadora Kelly Ayotte firmó recientemente el proyecto de ley HB 639, la “Ley Marco de Blockchain”, que brinda protección legal a usuarios de activos digitales, desarrolladores, mineros, validadores y empresas. La ley protege los derechos de uso de los activos digitales y de autocustodia, además de autorizar la creación de vías judiciales especializadas para resolver disputas relacionadas con la cadena de bloques. La medida da continuidad a la legislación aprobada por el estado en 2025: permite que el tesorero estatal invierta parte de los fondos públicos (hasta 5%) en metales preciosos y en activos digitales que cumplan con los requisitos. Según el umbral de capitalización bursátil, actualmente solo Bitcoin califica.

Estas medidas colocan a Nuevo Hampshire en una posición de liderazgo en políticas favorables a la innovación y a la tecnología. Está construyendo una infraestructura legal integral en torno a la propiedad, los pagos, la custodia, las actividades comerciales y la resolución de disputas: justo los elementos clave que impulsan una adopción y un uso más amplios.

Nuevo Hampshire va más allá de las políticas de eslogan

Aunque la propuesta de reserva estratégica de Bitcoin es fácil de convertir en titulares, la “Ley Marco de Blockchain” podría tener un significado más profundo a largo plazo. La ley de reservas afecta principalmente cómo el gobierno estatal asigna activos públicos, mientras que una ley de blockchain más amplia alcanzaría a emprendedores, inversores, proveedores de servicios, tribunales y consumidores. En particular, destaca la protección de las carteras de autocustodia. La autocustodia sigue siendo una de las características más centrales con las que los criptoactivos se diferencian de los productos financieros tradicionales, pero también plantea desafíos en materia legal, operativa y de ciberseguridad. Al reconocer de forma clara el derecho a mantener y usar activos digitales, Nuevo Hampshire ofrece certidumbre sin fingir que no existen riesgos.

La vía especializada para disputas de blockchain incrustada en el proyecto de ley también es práctica. Los contratos inteligentes, los activos tokenizados, la actividad de los validadores y las redes descentralizadas pueden generar controversias que no encajan con los marcos tradicionales de negocios. Los tribunales necesitan conocimientos especializados, precedentes y procedimientos consistentes; la modernización legal debe avanzar en paralelo con la adopción tecnológica.

Texas convierte la legislación en ejecución real

Texas va más lejos al transformar la política de Bitcoin en planes operativos. En junio de 2025, el gobernador Greg Abbott firmó el proyecto de ley SB 21, con el que se crea la Reserva Estratégica de Bitcoin de Texas. Los legisladores asignaron 10 millones de dólares, y el gobierno estatal completó después una inversión inicial de 5 millones de dólares mediante un ETF de Bitcoin al contado.

Texas también sigue construyendo la arquitectura administrativa necesaria para gestionar esa reserva, adaptándose a un mercado de Bitcoin en constante evolución. En mayo de 2026, el contralor estatal nombró un comité consultivo de cinco personas y publicó una solicitud de propuestas para servicios de custodia y liquidez. Los proveedores seleccionados deben respaldar la gestión segura de activos, los reportes, la administración de llaves y el control operativo; esto ayuda a mover el proceso de adopción de cripto en el sector público hacia la estandarización, en lugar de depender de eslóganes y publicaciones en redes sociales. Una política eficaz de cripto en el sector público requiere estándares de valuación, controles de custodia, procedimientos de ciberseguridad, reportes financieros, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.

En comparación con el presupuesto general de Texas, estas cifras aún son pequeñas, pero ese no es el punto. Texas ha logrado pasar Bitcoin de una idea legislativa a una operación real de finanzas públicas. Ahora otros estados tienen un modelo operativo que pueden estudiar, mejorar o replicar.

Wyoming demuestra que el liderazgo es un proceso continuo

La experiencia de Wyoming indica que la innovación a nivel estatal no siempre sale bien. Una propuesta en 2025 que permitía invertir parte de los fondos estatales (hasta 3%) en Bitcoin no logró ser aprobada. Pero Wyoming se mantiene a la vanguardia mediante su marco bancario especializado, su trabajo legislativo enfocado en blockchain y el lanzamiento de “Frontier Stable Token” (FRNT).

FRNT se abrió al público en enero de 2026 y se describe como el primer token estable emitido por un estado en Estados Unidos. Sus reservas se mantienen en un trust de Wyoming e invierten en dólares y en bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo. Wyoming ofrece una lección importante: un estado puede vetar una propuesta cripto, mientras continúa impulsando la innovación en otras áreas de blockchain. Este tipo de experimentos es una de las ventajas del federalismo. Los estados pueden probar distintos enfoques y generar datos empíricos sobre custodia, gobernanza, protección al consumidor, gestión fiscal y desarrollo económico.

No todas las iniciativas estatales tendrán éxito, ni todas las propuestas deberían aprobarse. Lo clave es que los estados están debatiendo, probando e implementando políticas de manera activa, en lugar de esperar el consenso perfecto a nivel nacional.

La ley CLARITY aún queda inconclusa

La comparación con Washington es difícil de ignorar. En julio de 2025, la Cámara aprobó la Ley CLARITY con una votación bipartidista de 294-134. En mayo de 2026, el Comité Bancario del Senado también avanzó su versión con 15-9. Sin embargo, esa legislación aún no ha sido aprobada por el pleno del Senado, y las partes en negociación siguen en desacuerdo sobre temas como disposiciones morales, prioridad federal, nombramientos regulatorios, protección de DeFi y garantías para los consumidores. La propuesta combinada en el Senado aún requiere apoyo bipartidista suficiente para superar el umbral de 60 votos.

Los estados no pueden resolver todos los problemas nacionales, y la falta de liderazgo a nivel federal sigue obstaculizando el crecimiento y el desarrollo adicionales de la industria de criptoactivos. Los estados tampoco pueden definir por completo la división de competencias entre la SEC y la CFTC, redactar reglas unificadas para bolsas nacionales, o eliminar los costos de cumplimiento derivados de la fragmentación de leyes estatales, pero ya no están esperando. Nuevo Hampshire está protegiendo las actividades de blockchain, Texas está operando una reserva respaldada con fondos, y Wyoming está ampliando la infraestructura financiera basada en blockchain y los tokens estables respaldados por el estado.

Los responsables de la toma de decisiones en todo el país y en Washington D.C. deberían tomar nota de esto: aunque la acción colectiva del gobierno federal avanza con lentitud, el impulso positivo sigue acumulándose a nivel de estados.